Investigan presuntas irregularidades de un proyecto de vivienda en zona agrícola de Madrid

Se envió a la Fiscalía informe de la actuación de Asvimadrid, que recaudó $45.000 millones para un proyecto de vivienda que no contaba con servicios públicos.

Casa de Gobierno, Madrid, Cundinamarca/Foto/Cortesía/Fotóstica.

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió investigación disciplinaria al exsecretario de Desarrollo Urbanístico, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Madrid, Cundinamarca, Jorge Eliécer Ortiz Velásquez, por presuntas irregularidades en la gestión y ejecución del proyecto ‘Ciudadela Campestre Chautá’, para la construcción de 900 viviendas unifamiliares en un terreno con destinación agropecuaria que no contaba con servicios públicos.

La Procuraduría busca determinar si con la expedición de las resoluciones 224 y 335 de 2014 y 134 de 2015 se habría incurrido en irregularidades en los conceptos, licencias urbanísticas para la subdivisión de predios, autorizaciones y procedimientos, para la puesta en marcha de la urbanización, que sería desarrollada por la Asociación de Vivienda Unidos por Madrid (Asvimadrid), a la que se habrían asociado 900 personas, tras el pago de $5 millones por derecho a un lote de 72 metros cuadrados, lo que representó un recaudo de $45.000 millones.

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El ente de control investiga si el secretario Ortiz Velásquez habría otorgado permiso de construcción en zona rural del municipio de Madrid, sin prever la inviabilidad de la prestación de servicios públicos, por el carácter agropecuario de los terrenos donde se pretendía realizar el Proyecto de Vivienda Ciudadela Campestre Chautá.

El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de la conducta endilgada, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y precisar las circunstancias de tiempo modo y lugar de los hechos investigados.

En la decisión se ordenó el traslado de copias para que se evalúe disciplinariamente la actuación del diputado de la Asamblea de Cundinamarca, Juan Carlos Coy, por presuntamente promover el proyecto de la ciudadela campestre, y de funcionarios de la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca, quienes por acción u omisión no habrían hecho el seguimiento debido a Asvimadrid, disuelta por vencimiento del término de duración desde el 11 de noviembre de 2017, sin que se hubiera liquidado ni rendido informe sobre los $45.000 millones que aportaron sus 900 asociados.

Así mismo, se dio traslado disciplinario para que se investigue la actuación que habrían tenido algunos miembros del Concejo de Madrid en el trámite del Acuerdo 007 de 2012, que adoptó una modificación excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), y que según un informe en poder de la Procuraduría se habría tramitado en medio de hechos presuntamente irregulares.

Finalmente, se envió copia de esta apertura disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación para que determine si tiene incidencia penal la actuación y el recaudo de los $45.000 millones que hizo Asvimadrid, para un proyecto de vivienda que no contaba con servicios públicos.

También se pidió analizar hechos presuntamente irregulares que comprometerían a miembros del Concejo de Madrid en el trámite del Acuerdo 007 de 2012 que modificó el PBOT.