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Cuatro de los implicados del atentado contra la General Santander fueron enviados a la cárcel

Carlos Marín con medida de aseguramiento en su casa mientras se esclarece su situación judicial

Cuatro de los implicados del atentado contra la General Santander fueron enviados a la carcel

Imagen/Cortesía/LK F.M.


BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.


El Periódico El Tiempo publicó el día de ayer la información sobre el proceso judicial que afrontan las personas que recientemente fueron vinculadas, donde presuntamente participaron en el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander.

 

Con base en lo anterior publicó este Diario que, el Juzgado 13 de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Castillo y Jessica K. Barrientos Castilla, y accedió a solicitud de la Fiscalía de enviar a Carlos Arturo Marín Ríos -un quinto implicado- a prisión domiciliaria debido a su situación médica.

 

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El atentado, ocurrido en enero del 2019, cuando un carro bomba explotó dentro de las instalaciones del lugar, ocasionó la muerte a 22 cadetes de Policía.

 

De acuerdo con el juez, Oviedo Espinel y Solano Cortés “sobrepasaron los límites del Derecho Internacional Humanitario” y existió un “menoscabo al bien jurídico de la vida” por lo que procede la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

 

Indicó que “los implicados afectaron la seguridad del Estado (…) y la seguridad pública” y que, a su parecer, les era exigible un comportamiento de acuerdo con la Ley.

 

Sobre los cuatro imputados que deberán cumplir con la medida en un establecimiento carcelario, el juez dijo que se debe imponer una limitación a la libertad porque existe un “riesgo alto” de que los ciudadanos no cumplan una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

 

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En la lectura de la decisión el funcionario repasó algunos apartes de los testimonios de algunos desmovilizados recogidos por la Fiscalía en los que se relata los actos que Oviedo Espinel llevaba a cabo en campamentos del ELN.

 

Según uno de los desmovilizados, Oviedo Espinel les daba clases para aprender a interactuar en un contexto de ciudad o de pueblo para no levantar sospechas. Uno de ellos indicó que Oviedo Espinel les dijo alguna vez que los tatuajes eran prohibidos porque podrían ser sospechosos.

 

Además de la pertenencia a la estructura del ELN, para el juez existe una inferencia razonable de que el hombre participó en el atentado de la Escuela de Cadetes guiando al carro bomba al lugar. Además de eso, el juez se refirió a los atentados ocurridos en dos sedes de la entidad Financiera Porvenir en julio del 2018 y señaló que existe evidencia de que fue Oviedo Espinel quien estuvo detrás de la detonación de los explosivos.

 

Respecto a Angie Lorena Solano Cortés, el funcionario consideró que también existe inferencia de que la mujer participó y acompañó como parrillera una de las motos que guio a la camioneta Nissan Patrol a la Escuela General Santander y además quedó evidenciada su pertenencia al ELN gracias a testimonios de desmovilizados, quienes la reconocían como pareja de Oviedo Espinel.

 

El funcionario estuvo de acuerdo con el delegado de la Fiscalía y consideró que Jessica K. Barrietos Castilla y Miguel Castillo, por los elementos presentados, harían parte de la estructura financiera del Eln.

 

De acuerdo con el funcionario, si bien no se demostró con fotogramas que el carro bomba llegó a la ‘Quesera Los Andes’, propiedad de Miguel Castillo, sí es cierto que dicho establecimiento está ubicado cerca a la Escuela.

 

Además, tal y como lo demostró un informe que presentó la Fiscalía, en la bodega en donde permaneció guardada la camioneta, no había evidencias de que allí estuviesen guardados los explosivos que fueron detonados al interior de la Escuela, razón por la cual podría inferirse que fueron cargados en otro lugar.

 

Por otro lado, si bien para el funcionario judicial existe una inferencia razonable de que Carlos Arturo Marín Ríos trasladó la moto desde Zipaquirá, y al llegar a Bogotá se comunicó con el celular del que Angie Lorena era propietaria, coincidió con el delegado fiscal sobre el riesgo que podría tener Marín Ríos al ser trasladado a un establecimiento penitenciario.

 

Según lo relatado en anteriores audiencias por el fiscal, Marín Ríos presenta un cuadro de hipertensión, catalogado como un factor de riesgo en caso de contagio de coronavirus, razón por la cual permanecerá en detención domiciliaria.

 

El delegado de la Fiscalía, los representantes de víctimas y el delegado del ministerio público estuvieron de acuerdo con la decisión. Dos abogados de la defensa apelaron la decisión, sin embargo mientras dicho recurso se resuelve, los imputados tendrán que permanecer privados de la libertad.

 

“Los implicados afectaron la seguridad del Estado (…) y la seguridad pública” y que, a su parecer, les era exigible un comportamiento de acuerdo con la Ley.

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