La Falacia Pensional

La Reforma Pensional (RP), de la que se viene hablando desde el 2014, estaba dominada por unas premisas que, hasta el inicio del gobierno Duque, parecían inevitables: aumentar e igualar la edad entre hombres y mujeres, elevar las semanas de cotización, acabar con Colpensiones, reducir la relación entre salario activo y su monto pensional a la hora de jubilarse y solo reconocer al viudo o viuda una proporción de la pensión heredada, eran las más sobresalientes.

Todo el tema de la RP se basa en que la proporción entre trabajadores activos y pensionados se ha reducido dramáticamente, al hecho en que hoy, en la práctica, solo dos trabajadores activos cotizan para sostener un pensionado.

Según las cuentas más recurrentes, el Estado debe aportar este año cerca de $40 billones para cubrir las mesadas de aproximadamente 2 millones de pensionados, la gran mayoría entre 1 y 3 salarios mínimos.

Con el inicio del nuevo gobierno, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, afortunadamente, ha dejado claro que “no se va aumentar la edad; se van a respetar todos los derechos adquiridos; no se va a liquidar Colpensiones ni se va a reducir la pensión-herencia en favor del viudo o viuda”, fueron, en síntesis, sus primeras declaraciones al programa de TV, Pregunta Yamid”, emitido anoche, 09/08.

Son, ciertamente, anuncios sociales importantes de la experimentada ministra que, obviamente, no generarán mayor confrontación en el respectivo debate parlamentario pero que, en el fondo, ninguno toca la fuente del desequilibrio pensional que hace que el sistema no sea sostenible frente al progresivo incremento de los aportes del Estado para fondearlo; ni presentable, frente al destino de esos recursos estatales hacia las pensiones más elevadas y los regímenes exceptuados.

En primer lugar, lograr la sostenibilidad del sistema pensional pasa primero por una reforma laboral. Mientras el 64,2% del empleo en Colombia sea informal, no hay ninguna posibilidad de que la relación 2 a 1 entre trabajadores activos versus pensionados se amplié. Sin embargo, la ministra, tratando de no alborotar el cotarro empresarial, deja entrever que esa asimetría se puede corregir a base de consensos entre gobierno-empresarios-trabajadores.

Hummm… La informalidad laboral no es cosa folclórica, como que a la gente le guste más vender dulces en un semáforo que producirlos en una fábrica… La informalidad es un fenómeno del modelo económico basado en procesos de poca generación de empleo y de una explotación laboral al máximo; de la llamada tercerización y flexibilización laboral y bajos salarios, tanto, que el trabajador prefiere salirse al rebusque. Claro que también la tramitomanía influye, eso de que los empresarios tengan que pasar por 17 ventanillas mensualmente, “¡es una locura!”, como dice la ministra.

En segundo lugar, cualquier reforma pensional que se emprenda en estricto sentido social, tiene que rescatar el sentido filosófico de pensión, que no es otro que la idea de proporcionarle al grueso de la población un seguro económico de vejez…

Pues, no solo hemos abandonado la filosofía misma, sino que la hemos trastrocado tanto, que hoy en día, de esos 40 billones de subsidios que anualmente se destinan, el 70% lo capturan las más altas pensiones y los regímenes exceptuados, como el de los militares. Una reforma que gradúe el subsidio con base al monto de la mesada y que la deje referida al patrimonio del jubilado, sería lo ideal.

Puede asegurarse que, eliminando los privilegios, racionalizando las mesadas y equilibrando la relación entre población laboralmente activa y pensionados, el fondo pensional podría volverse autosuficiente, o por lo menos, no requerir de considerable subsidio estatal. Y no hemos tocado la vena rota de los fondos privados de pensiones que han dado en convertir, en connivencia con el gobierno, en recursos privados los recursos públicos que mensualmente los trabajadores aportan a su respectiva pensión.

Cuádreme esas fichas y yo le armo un sistema pensional sostenible y sustentable.