By «La resistencia civil es un derecho amparado por la Constitución, se enmarca en el derecho fundamental a participar en política»: PGN
Procurador Alejandro Ordoñez
MIAMI. EEUU.
“Si la resistencia civil se hace dentro de los cánones que establece la Constitución es perfectamente legítima. Nada deslegitima más a una Democracia que el unanimismo.
No se entendería una Democracia que no protegiera los disensos y las discusiones. La resistencia civil se enmarca en el derecho a la participación en política, que es un derecho fundamental”, aseguró el pasado miércoles, desde los Estados Unidos, el procurador general de los colombianos, Alejandro Ordóñez Maldonado.
El jefe del Ministerio Público resaltó lo contradictorio que resulta “bendecir” la resistencia armada y “criminalizar” la resistencia pacífica y desde la civilidad.
“La resistencia civil se ejecuta en el marco de la Constitución y está protegida por ella. A diferencia de la resistencia armada, que está en contra y fuera de la Constitución, que acude al crimen atroz”, explicó.
El jefe del órgano de control se pronunció igualmente en referencia a nuevos ataques terroristas en contra de las Fuerzas Armadas y la población civil, particularmente en el departamento de Caquetá, reiterando el llamado al Gobierno Nacional a tomar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad frente al accionar criminal de las FARC.
“Lo curioso en la Democracia colombiana es que se pretenda criminalizar la resistencia civil y se pretenda bendecir la resistencia armada. Los ciudadanos tienen el derecho a la resistencia civil utilizando los mecanismos constitucionales para disentir”.
“En la medida que el Gobierno se mantenga silencioso, que no actúe, que no reaccione, se repiten y agravan esos actos contra la población civil y contra las Fuerzas Militares. El señor presidente de la República debería ordenar inmediatamente el bombardeo a los miembros de las FARC acantonados en Caquetá, para lograr así neutralizar los ataques. Las FARC, reiteradamente, han venido violando el cese unilateral y han desconocido y violentando los derechos”.
“El Gobierno ha permanecido impávido y si no reacciona, termina legitimando ese tipo de acciones”, concluyó.
“El señor presidente de la República debería ordenar inmediatamente el bombardeo a los miembros de las FARC acantonados en Caquetá, para lograr así neutralizar los ataques”.
