PGN exige a Gobierno y ELN inmediata liberación de periodistas secuestrados y garantías a la libertad de prensa en Colombia

BOGOTÁ.

Ante el secuestro de los comunicadores Salud Hernández-Mora, Diego D’Pablos y Carlos Melo en el departamento de Norte de Santander, y la confirmación hecha el día de hoy por el Ministerio de Defensa Nacional frente a la responsabilidad de la organización terrorista ELN en estos hechos, la Procuraduría General de la Nación, PGN, se permite manifestar:

1. Es inadmisible y genera mucho temor en la ciudadanía  el hecho de que los organismos de seguridad del Estado Colombiano necesiten de cinco días para confirmar los responsables del secuestro de tres comunicadores. ¿Cuánto tiempo será necesario para que sean liberados?

2. Cinco días después de los hechos, pese a reconocer responsabilidad del ELN, el señor ministro de Defensa continúa hablando de “desaparición”. ¿No se trata de un secuestro?

3. La Procuraduría, como representante de la sociedad, exige al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y demás autoridades competentes, cumplir con el deber de proteger la vida, honra, bienes y libertad de los colombianos. ¿Cuántos crímenes más de las organizaciones ilegales debe soportar la ciudadanía antes de acciones efectivas del Estado?  

4. La Procuraduría condena las reiteradas acciones terroristas del ELN y otras organizaciones. Exige la inmediata liberación de los comunicadores secuestrados y de todos los colombianos que en la actualidad están privados de su libertad. ¿Es la forma en que pretenden hacer la paz?

5. En nombre de procesos de negociación con organizaciones terroristas, el Estado Colombiano no puede ceder el control de territorios ni permitir la vulneración a los derechos de los colombianos. ¿Eso es voluntad de paz? 

6. El secuestro de Salud Hernández-Mora, Diego D’Pablos y Carlos Melo vulnera la libertad de prensa en Colombia. La PGN manifiesta su solidaridad al periodismo colombiano y espera que el Gobierno defienda este derecho fundamental de una sociedad. 

“La Procuraduría considera inadmisible que solo cinco días después de los hechos el Ministerio de Defensa ofrezca información sobre la organización criminal responsable e insista en que se trata de “desapariciones”.