By Bogotá descansa de los actos delictivos de los ‘Ratones’
Estarían involucrados en robos ocurridos en diferentes localidades de Bogotá y en Soacha.
Fotografía/Cortesía.
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo de la Dirección Seccional de Bogotá logró la judicialización de ochos presuntos integrantes de la red delictiva ‘Los Ratones’, señalada de hurto de motocicletas en Bogotá.
Este importante golpe a la delincuencia, se logró gracias a los parámetros definidos en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024 del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el que fueron priorizadas las investigaciones de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana como el hurto.
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El material probatorio permitió conocer que ‘Los Ratones’ estarían involucrados en robos ocurridos en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Bosa, Fontibón, Tunjuelito y Ciudad Bolívar, en Bogotá; y algunos casos reportados en Soacha (Cundinamarca).
El modus operandi consistía en que, una vez hurtaban los vehículos mediante halado, conseguían los teléfonos de las víctimas y les exigían dinero para la devolución de los mismos.
Durante las diligencias de captura de ‘Los Ratones’ se incautó una motocicleta y fueron recuperadas otras dos, que estaban reportadas como hurtadas.
Los detenidos son: Kevin Andrés García Toledo, Brayan Estiben Muñoz Pérez, William Alfonso Sánchez, Jeison David García Toledo, Edwin Giovanny Páez Camacho, Jonathan García Toledo, Angie Carolina Moreno Sajayo y Camilo Andrés Toledo Rojas.
Estas personas estarían vinculadas a 24 eventos delictivos, cuya cuantía asciende a $200’000.000, relacionados así:
Kennedy (13).
Bosa (3).
Fontibón (3).
Soacha, Cundinamarca (2).
Ciudad Bolívar (1).
Rafael Uribe Uribe (1).
Tunjuelito (1).
En audiencias concentradas, la Fiscalía imputó a los presuntos integrantes de la red delincuencial los delitos de: concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, receptación y extorsión. Los procesados no aceptaron los cargos en su contra y, por disposición del juez de control de garantías, recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Conseguían los teléfonos de las víctimas y les exigían dinero para la devolución de los vehículos.
